Trasnacionales españolas y élites políticas en América Latina

La Jornada Viernes,1ro de diciembre de 2006

Marcos Roitman

Las trasnacionales españolas en América Latina siguen un patrón cuyo objetivo no es sólo obtener beneficios, su fin es manipular los procesos políticos a largo plazo. Una estrategia que combina ganancia, explotación y control de riesgo político. En los países latinoamericanos y el tercer mundo, su lógica se articula bajo una dinámica que no es nueva. Fue practicada en los albores del imperialismo. Su ardid consiste en tejer una trama con la elite política criolla para que ejerza como gestora de sus intereses frente y en contra del Estado en caso de expropiación o nacionalizaciones. Así, por ejemplo, en los siglos XIX y XX las grandes compañías salitreras, del banano, azucareras o petroleras tuvieron como defensores a ministros de gobierno en Chile, Perú, Bolivia, Centroamérica o el Caribe.

Fueron connacionales quienes facilitaron a emporios y multinacionales convertirse en propietarios de las riquezas del subsuelo al tiempo que empobrecían y sobrexplotaban a sus trabajadores, daban golpes de Estado o vaciaban la hacienda pública. A cambio, dichos empleados, abogados de profesión, se transformaban en diputados, senadores, diplomáticos, o seguían la carrera judicial. Llegaron lejos. Jueces de la Corte Suprema, embajadores, ilustres miembros de los consejos de administración o gerentes.

Otros ocuparían el cargo de presidentes de gobierno. Todos, sin embargo, figuraron en las nóminas de las empresas madre. Recibían sus cheques a cambio de su conciencia. Eran vendepatrias. Hombres con talento para planificar complots y derrocar gobiernos nacionalistas, asesinar líderes populares, organizar matanzas obreras; podían orquestar golpes de Estado en nombre del orden y el progreso. Sus actos eran bien agradecidos y gratificados con carreras meteóricas, que llenaban sus bolsillos y no importaba si su afiliación ideológica era liberal, conservadora, blanco o colorado. Monta tanto, tanto monta.

De esta guisa, las multinacionales garantizaron un porvenir sin grandes contratiempos. Buena señal para aprobar leyes en beneficio propio. Todo un logro. Ningún país del continente quedó exento de estas artimañas de las compañías multinacionales. Pero resucitadas en el siglo XXI constituyen un atropello y un insulto. Son el rencuentro con el colonialismo global. Y España y sus empresas lo están llevando a cabo sin ningún rubor en Chile, Bolivia, Argentina, México, Brasil, Colombia, Uruguay y Venezuela, donde tienen la mayor parte de las inversiones.

Lo practican desde los años 80 y lo más trágico es que se apoyan en los sectores mas antidemocráticos de nuestros países. Han contratado a lo más granado de las fuerzas reaccionarias y golpistas. Las mismas que apoyaron las asonadas contra los regímenes democráticos en el Cono Sur o fomentan los fraudes electorales. En esto actúan de igual manera el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No se han dado tregua. Sirva como ejemplo el caso de Endesa en Chile, propietaria de más de 60 por ciento de los bienes hídricos del país.

Los defensores de sus bienes son los abogados defensores de Augusto Pinochet en Londres, Pablo Rodríguez Grez, fundador del gupo ultraderechista Patria y Libertad y quien participó activamente en la trama civil que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. Personaje que está acusado de perpetrar el atentado que costó la vida del edecán naval del presidente y en más de 500 actos terroristas. Este es el abogado que defiende los intereses de Endesa a petición del presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Martín Villa, a la sazón ex ministro de Interior, franquista y falangista, militante del Partido Popular. Mismo despacho de abogados que tiene en su nómina a otro conjunto de empresas españolas. Pero no olvidemos el buen hacer de los más granados nombres donde las redes de apellidos se cruzan en los tribunales, el Parlamento, la Iglesia, las fuerzas armadas, las empresas y los medios de comunicación. Es decir, el bufete con sus múltiples abogados tiene acceso a información privilegiada, entra y sale de los despachos de ministros, incluso accede al palacio presidencial, en el caso de la presa hidroeléctrica Ralco, donde los abogados y el propio representante de Endesa insultaron al entonces presidente Eduardo Frei, quien calló y otorgó, hasta desplazar a los indígenas mapuches y consentir el etnocidio.

Colombia es otro ejemplo, aún más sangrante: el Banco Santander Central Hispano contrata como parte de la seguridad para sus gerentes y altos cargos a paramilitares y los llama para darles instrucción e incorporarlos a sus empresas. Además de hacerlo en la propia Colombia dentro de un programa especial. Pero es suma y sigue. Repsol en Bolivia decide incorporar en su nómina a destacados miembros del MNR, ahora sin trabajo en el Parlamento, ex diputados, como asesores en los mecanismos para hacer frente a la ley de nacionalización de hidrocarburos. Se trata de buscar mecanismos para romper la ley y desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. Entre ellos contrató el despacho del que fuera ministro del Interior con Gonzalo Sánchez de Quezada, que huyó a Estados Unidos. Todo un portento de amor al país. Se paga por destruir y aniquilar la identidad, y volver a recuperar el poder. Lo mismo ocurre en Argentina y Uruguay.

Los partidos políticos mayoritarios actúan en dicha dirección. El PSOE y el PP, más allá de sus diferentes discursos políticos, tienen los mismos objetivos: apoyan a sus empresarios. Resulta curioso que las becas y las ayudas sean canalizadas casi en su totalidad por organizaciones no gubernamentales adscritas a las fundaciones de los dos partidos mayoritarios y dentro de proyectos para la formación de militantes que son trasladados todos los años a los cursos que dan sus respectivas escuelas. Así se tejen las redes que van dando lugar a los posteriores acuerdos. nSe conocen los cuadros de los partidos políticos y se realizan las alianzas. Asimismo, Repsol, Endesa, Telefónica, Santander Central Hispano o BBVA comienzan a utilizar como cebo a las universidades de España para sus objetivos, ofrecen maestrías que atraen a futuros cipayos que pagarán sus favores protegiendo sus intereses y renegando de su historia.